Uruguay aprobó la regulación integral del cannabis en 2013 y desde hace dos años el producto se vende en farmacias. Canadá siguió su ejemplo en 2018 con una normativa similar y varias naciones ya toman nota para aplicar sus propios modelos: México podría convertirse pronto en el tercer país del globo en legalizar la marihuana.

Es jueves y ya pasan varios minutos desde el mediodía. Martín Borland charla con otrosdos hombres mientras hace cola en una farmacia del barrio montevideano de Pocitos, ubicado al este de la capital de Uruguay. Martín es un tipo normal, lleva una vida normal y tiene un empleo normal (es guía turístico), pero no está enfermo y no se encuentra aquí para adquirir medicamentos. Viene para comprar marihuana.

Lleva más de dos décadas consumiendo, pero ya no se ve obligado a acudir al mercadoilegal para adquirir el producto. En la farmacia puede elegir entre dos variedades de marihuana, sativa o índica, que se venden en paquetes de 5 gramos a 220 pesos uruguayos, unos 6 dólares.

La ley le permite comprar 10 gramos por semana, un máximo de 40 al mes. La farmacia Camaño es uno de los siete establecimientos de Montevideo autorizados a vender Cannabis (diecisiete en todo el territorio uruguayo) desde que en julio de 2017 se habilitara la dispensación en farmacias de todo el país, gracias a una ley aprobada por José Mujica en 2013 y que convirtió a Uruguay en la primera nación del planeta en regular la producción, distribución y comercialización de la marihuana a nivel local, así como su utilización con fines medicinales.

La ley ya permitía a los uruguayos, desde 2014, acceder a la marihuana mediante el auto cultivo, cada ciudadano con residencia en Uruguay puede disponer de 6 plantas de cannabis psicoactivo y un máximo de producto de 480 gramos anuales, o a través de la pertenencia a un club, formados por residentes, con límite de 45 socios, un cultivo limitado a 99 plantas y 480 gramos al año por miembro, pero la medida que democratiza el consumo legal, es la venta en farmacias.

 

LA SOCIEDAD, CADA VEZ MÁS FAVORABLE

No han pasado ni dos años desde que empezó a funcionar ese sistema y la medida ya ha demostrado que avanzar de espaldas al prohibicionismo es una alternativa que, en el caso de Uruguay, presenta resultados positivos.

La ley, además, le ha comido más de la mitad del negocio al narcotráfico -alrededor de 25 millones de dólares- y se calcula que un 55% de la población ya acude a comprar al circuito legal, según datos del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis).

Pasear hoy por las calles de Uruguay es pasear por un país en el que la ciudadanía ha asumido de manera natural que el vecino consuma marihuana. La heterogeneidad en el perfil de fumador es clave para definir el fenómeno uruguayo.

Un grupo de amigos que se pasan el cigarrillo y alternan caladas en un parque; el treintañero trajeado que apura un porro en la Avenida 18 de julio, segundos antes de entrar en un portal; dos ancianos que, sentados en un banco de la Plaza de la Independencia, comparten confidencias mientras fuman… .

Hoy esas son estampas habituales. La marihuana ya no es sinónimo de exclusión y su regulación no se ha traducido en un problema de salud pública. Cuando se implementa la ley, en Uruguay había 170.000 fumadores de cannabis, entre ellos 17.000 consumidores problemáticos, según las cifras que maneja el Ministerio de Salud.

“17.000 personas para las que el eje de su vida es adquirir la droga: el resto eran consumidores recreativos. La ley ha permitido que ese consumidor recreativo no tenga que recurrir a los lugares tradicionales de venta ilegal”, explica a Efe Aida González, directora departamental de Salud de Rivera, en el norte del país.

“Es cierto que ha habido un aumento del consumo”, reconoce en una entrevista con Efe Clara Musto, socióloga de Monitor Cannabis, organización dedicada a la investigación en el área de la marihuana.“Yo creo en esa ley de la economía: a mayor oferta hay mayor consumo. Pero ese consumo aumentó dentro de la tendencia en la que lo venía haciendo y el incremento se produjo por debajo del promedio en poblaciones jóvenes. Ese es un dato relevante”, observa.

El cannabis no deja de ser una droga y el estigma social no ha desaparecido, pero la percepción de la población ha experimentado un cambio sustancial desde que se comenzó a aplicar la regulación, según una encuesta elaborada por Monitor Cannabis (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República): en 2018 la mayoría de los uruguayos consultados (un 44% a favor por un 41% en contra) apoyaban la ley, frente al 70% que se manifestaba hostil antes de aprobarse la norma.

“Es una medida polémica, muy disruptiva en términos históricos, que conlleva un proceso de cambio cultural”, explica Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), a Efe.

“Quizás las generaciones más jóvenes lo veían como algo esperable, pero una parte importante de la sociedad, incluyendo el sistema político, ha tenido expresiones de resistencia. Lo significativo es que esas dudas se han ido disipando”, concluye.

La JND depende directamente de la Presidencia de la República. “En esta administración vivimos las tensiones de la implementación y fue difícil al principio. Ahora las condiciones políticas son de consolidación, no de retroceso: puede que algún partido plantee enfoques alternativos, con una perspectiva de una normativa más liberal, pero no existe un ambiente que favorezca la derogación”, observa Olivera.

En mayo de 2019 ya hay más de 36.000 registrados para comprar en farmacias, alrededor de 7.000 auto cultivadores y más de 3.500 socios de clubes cannábicos, según datos del IRCCA.

Unos registros que van en aumento en un país con menos de cuatro millones de habitantes; unas cifras en las que ya se fijan otras naciones para abordar modelos similares.

 

DESABASTECIMIENTO: PRINCIPAL RETO

El proceso en Uruguay, sin embargo, no está exento de complicaciones. El país sudamericano partió de cero en un sector todavía incipiente en términos de mercado, no existe conocimiento técnico consolidado sobre cómo producir cannabis a gran escala y su inexperiencia se refleja en varios apartados.

Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCCA, no elude la autocrítica y recurre a la metáfora para resumir las dificultades que se han encontrado a la hora de satisfacer la demanda. “Tenemos las carreteras desarrolladas, pero la implementación es parcial porque aún no se completó el proceso de desarrollo de las distintas vías. Estamos lejos de alcanzar la cobertura que queremos y esperamos solucionar esto con el otorgamiento de nuevas licencias de producción”, explica a EFE.

Actualmente sólo dos empresas cultivan cannabis en Uruguay: Symbiosis e ICC Labs. La producción todavía es insuficiente para abastecer a los usuarios registrados: el cultivo de marihuana no es sencillo, está condicionado por la climatología y la estacionalidad, y son frecuentes las pérdidas de cosechas. Esta circunstancia provoca que la llegada del producto a las farmacias sea limitada y que situaciones como la de Martín Borland, esperando durante horas para adquirir la sustancia, sean todavía habituales.

Las farmacias están funcionando con un sistema de reservas para paliar el problema, pero el sistema informático suele colapsarse y los vecinos se quejan por la aglomeración de compradores en el exterior de los comercios.

“Ahora no hay cosecha. Están entregando menos cantidad. El IRCCA empezó distribuyendo cuatro kilos por semana, luego tres y ahora sólo dos. Dos kilos son 400 paquetes. Eso lo vendo en un día”, explica Enrique Curbelo, dueño de la farmacia Lilen.

Sebastián Sccaffo, propietario de la farmacia Tapie, en la Ciudad Vieja, confirma que el desabastecimiento es un problema generalizado: “Aquí funcionamos con alertas en WhatsApp. El cliente tiene el número de la farmacia y en el estado pongo si hay cannabis o no. Si hay, vienen, compran y se van, pero se siguen formando filas”.

 

CONTRADICCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Otro gran contratiempo que está experimentando el proceso es “la injerencia de la banca estadounidense”, según explica a Efe Mario Bergara, presidente del Banco Central de Uruguay hasta 2018 y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, el partido que aprobó la regulación y actualmente en el Gobierno.

El cannabis sigue siendo a nivel federal una sustancia prohibida en EEUU y está contemplada en la lista de activos no respaldados por servicios financieros. Uruguay no puede forzar a los bancos a que reciban esos depósitos, porque eso implicaría sanciones a escala internacional, y entonces los farmacéuticos se ven obligados a trabajar en efectivo con las transacciones de marihuana. “Un trastorno significativo para un sector habituado al comercio electrónico”, asegura Bergara.

La paradoja reside en que el principal objetivo de la ley es combatir el narcotráfico, una meta que también persigue la legislación estadounidense, pero el choque entre las administraciones de EEUU dificulta ese proceso porque “allí la ley federal está por encima de la estatal”, razona Bergara.

Para el precandidato del Frente Amplio la contradicción es difícil de sostener: “Es un disparate, porque la ley es un mecanismo de regulación y lo mejor que te puede pasar es que todo quede registrado en medios electrónicos. Y no: estás empujando esto al mundo del efectivo, que es el territorio menos transparente”.

Bergara cuenta que “en EEUU ya hay varios legisladores que están impulsando el cambio”, pero a nivel normativo todavía no se ha producido una “cristalización”. “En el gobierno de Trump la perspectiva de que cambie la ley es pequeña. Con Obama hubo un intento, pero hasta que no cambie la situación en EEUU los vendedores de marihuana uruguayos no van a poder utilizar los servicios financieros”, lamenta Bergara.

La falta de acceso a la variante medicinal es el último obstáculo que afronta el Gobierno. En farmacias sólo se dispensa Epifractán, un aceite elaborado en Suiza con alto rendimiento para el tratamiento de epilepsia refractaria y enfermedades del sistema nervioso, pero con un coste elevado para la mayoría de usuarios.

“La regulación apostó primero por la variante recreativa y la medicinal es cara porque es importada. Además, el Ministerio de Salud exige requisitos de certificación similares a los medicamentos habituales y eso implica un proceso que deja poco margen para proyectos que garanticen el acceso”, explica Gustavo Robaina, investigador de Monitor Cannabis.

Los retos que debe afrontar Uruguay no son pocos, pero los logros conseguidos han funcionado como referente para que varios gobiernos se hayan lanzado a desarrollar sus propios modelos de regulación.

Canadá se convirtió en 2018 en el segundo país del globo en legalizar el consumo demarihuana y nueve estados de EEUU ya aprueban su uso recreativo.

Nueva Zelanda legalizó el uso medicinal de la marihuana a finales del año pasado y ha convocado un referéndum vinculante en 2020 para dar luz verde al consumo lúdico.

Y en México, el partido de Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre de 2018 una iniciativa de ley para regular la producción, la venta y el consumo de cannabis, una propuesta que actualmente se encuentra estancada en el Congreso.El Gobierno de López Obrador recibió asesoramiento de las autoridades uruguayas y propone medidas similares a las implementadas por el Frente Amplio, como la limitación a 480 gramos de producción anual por persona o la creación de un Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.

Mientras tanto, Europa espera para dar el paso, pero no tardará: son varios los países que trabajan en ello desde hace años y el cambio de paradigma ya parece definitivo. Por Pablo Gracia García, Efe-Reportajes Imágenes Efe/Pablo Gracia/Federico Anfitti

Borland enseña el contenido de uno de los paquetes dispensados en farmacias.
Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, en su despacho durante la entrevista con Efe
Jóvenes uruguayos preparan un cigarro de marihuana junto a una farmacia de Montevideo (Uruguay)
Martin Borland muestra un paquete de marihuana comprado en una farmacia de Montevideo

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